Desafían al gobierno a debatir públicamente impacto económico de UPM
Opositores al contrato firmado con la multinacional dicen que Ejecutivo “omite cuidadosamente” precisar los alcances del acuerdo.
En las últimas horas integrantes del gobierno y del Frente Amplio salieron rebatir los cuestionamientos sobre los efectos económicos del contrato firmado con UPM para la eventual instalación de su segunda planta de pasta de celulosa.
Concretamente el director de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía, se preocupó en aclarar algunos datos “insólitos” y “alucinantes” que, en su visión, están afirmando los colectivos que se oponen a las condiciones negociadas entre el Poder Ejecutivo y la multinacional.
En el mismo sentido lo había hecho el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay).
Afirmaciones “muy discutibles”, según expresaron este lunes los integrantes del Movimiento Uruguay Sustentable (Movus), que directamente desafiaron a debatir públicamente a los representantes del gobierno.
Según explicó a ECOS Víctor Bacchetta, periodista especializado en temas ambientales, el desafío comprende a los titulares de la OPP y del Ministerio de Economía, o a quienes ellos designen.
La propuesta es una discusión tipo mesa redonda, en un lugar de acceso a los medios y al público, o sin público si el debate se transmite en vivo y en directo.
Lo que Movus cuestiona es que el gobierno, en las aclaraciones, “omita cuidadosamente” hablar con precisión de los aspectos económicos del proyecto de una nueva planta de celulosa de UPM a orillas del río Negro.
En ese sentido el movimiento hizo énfasis sobre una serie de datos que se han ido conociendo y que, a su entender, muestran la la inconveniencia económica del proyecto .
Entre ellos que el Ferrocarril Central, puesto como condición por la empresa, le costará al país unos 2500 millones de dólares. La suma se compone de 2225 millones a través de la concesión de la obra en el formato de participación público-privada, más los 173 millones que fueron desviados del Fondo de Estabilización Energética de UTE para ese fin en la última Rendición de Cuentas.
También que el traslado del puerto pesquero a Capurro, para dejarle lugar la terminal proyectada por UPM, más el viaducto que pasará por encima de la vía férrea frente al Puerto de Montevideo, le costará al al Estado más de 200 millones de dólares.
Movus también apuntó al compromiso de UTE de comprarle energía eléctrica a la pastera, energía que no necesitará, y los perjuicios que ocasionará a la generación de las represas la obligación contractual de mantener un flujo mínimo en el río Negro para paliar la contaminación de UPM. Todo a un costo, se apunta, de 1450 millones de dólares.
En el desafío se incluye la obligación, para Uruguay, de reforzar los cuadros técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente ( Dinama) para acelerar el aval medioambiental al proyecto. “El costo es desconocido, pero seguramente será millonario”, se afirma.
Movus observó además la obligación de modificar los planes de enseñanza técnica en tres departamentos según las necesidades de la empresa. Un costo también desconocido, pero seguramente millonario.
Con respecto al pago por estudios y control del proyecto ferroviario, el país deberá enfrentar un costo de 5 millones de dólares.
El dragado del Puerto de Montevideo también está incluido en la cuenta. Serán 30 millones de dólares, aunque la cifra definitiva está sujeta a confirmación.
Según Movus, todos estos datos proviene de fuentes públicas escritas, así como de declaraciones de autoridades del gobierno nacional.
Lo enumerado supera los 5000 millones de dólares. En la planta la empresa invertiría, si es que decide hacerlo, unos 2400 millones.
Algunos economistas vinculados al movimiento han ejemplificado usos alternativos de ese dinero por parte del Estado uruguayo. Por ejemplo, en la construcción de viviendas de tipo económico, en zonas urbanas con servicios.
Con 5000 millones de dólares se podrían construir, afirman, más de 4000 viviendas por año, lo que generaría a su vez unos 6000 puestos de trabajo permanentes.
Así, siguiendo el cálculo, en quince años se habrían construido 60 mil viviendas, beneficiando a unas 210 mil personas.
La herencia maldita
Desde Movus también se salió al cruce de las declaraciones del precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, que este sábado afirmó que, de llegar a ser presidente, renegociará el contrato con UPM, aunque respetará los acuerdos firmados.
Si bien dijo estar de acuerdo con la llegada de esta inversión, sostuvo que los contratos firmados deberán tener validez jurídica, ya que hasta ahora lo que hay es una “hoja de ruta”.
Al respecto Bachetta precisó que, cuando Lacalle Pou asuma eventualmente como presidente, habrá contratos firmados en torno a la planta, al puerto y al ferrocarril.
Otro integrante de Movus, Raúl Viñas, afirmó que con UPM solo sirve rescindir el contrato, mientras sea posible.
“Pretender renegociarlo es no saber que para cuando asuma el próximo gobierno ya estará todo el pescado vendido”, señaló. “O peor, estar de acuerdo con ese contrato y jugarse a la herencia maldita”.