Eneida de León puso la firma y se aprobó plan de manejo del Cabo Polonio
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) aprovechó la suspensión de las medidas de lucha del sindicato -que mantiene reclamos por compensaciones salariales- y aprobó el nuevo plan de manejo del Cabo Polonio, que venía postergándose debido a que los funcionarios no firmaban habilitaciones ambientales.
La ministra Eneida de León puso la firma este jueves y automáticamente generó el rechazo del sindicato que luego de no detectar avances en la reunión tripartita realizada en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) decidió “profundizar” el conflicto y extender las medidas a las cinco unidades ejecutoras (Dirección General de Secretaría, Dirección Nacional de Aguas, Dirección Nacional de Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento Territorial y Dirección de Vivienda), informó El País.
El plan de manejo del Cabo Polonio fue discutido durante todo el 2018 por las autoridades del ministerio con representantes de la Intendencia de Rocha y los pobladores que se presentaron en distintos grupos, ya que tienen intereses diferentes.
Los pobladores permanentes, que son unos 100, y los allegados al balneario se oponen al plan propuesto por las autoridades. A principios de febrero, un video publicado por el cantautor uruguayo Jorge Drexler reavivó el debate, así como una puja que mantiene la Intendencia de Rocha con los habitantes del lugar, que en los últimos días enfrentaron problemas para entrar y salir del área con sus vehículos particulares.
El área protegida está compuesta por 25.820 hectáreas, de las cuales 21.151 son marinas, 4.653 terrestres y otras 16 corresponden a islas ubicadas en la costa atlántica. Dentro de esas cuatro mil hectáreas hay predios privados y otros públicos, a cargo del Mvotma.
El plan de manejo estima que dentro de esos predios públicos hay unas 290 edificaciones construidas de forma irregular o sin permiso, aunque solo 26 están en discusión. El plan prevé que sean demolidas y reubicadas en otro lugar del balneario, bajo el argumento de que su presencia degrada el ambiente e interrumpe la libre circulación que caracteriza al lugar.
“Esas casas se prevé que en un período de cinco años sean retiradas del lugar y realojadas en el propio Cabo Polonio. Aquí no se está expulsando a nadie, se está liberando el espacio. Ese es el conflicto que hay con la gente”, indicó a El Observador el director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Rocha, Antonio Graña.
Sin embargo, los pobladores afirman que el Estado no tuvo la capacidad de integrar a todos los actores en un mismo ámbito para fomentar la “construcción colectiva” y que, por el contrario, se fueron reuniendo con grupos por separado generando conflictos entre los propios habitantes, explicó a El Observador Alejandra Calvete, integrante del colectivo “El Polonio se protege”.
El nuevo plan de manejo fue defendido por el intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, quien señaló que la mayoría de los que salen a reclamar por ese balneario son “los que tienen los bolsillos llenos en nombre del cuidado del ambiente”.
“Está bien que la gente haga dinero, pero lo importante es que se haga en el marco de una propuesta de desarrollo. ¿Qué fue lo que llevó a la construcción de tantas viviendas? ¿El disfrute del lugar? Sí. Pero también el hacer dinero en el lugar”, expresó Pereyra.
Además de la erosión de las dunas de arena, el jefe comunal de Rocha sostuvo que los efluentes de las casas construidas sobre la franja rocosa terminan en el mar, ya que las piedras no son “un pozo negro”.
“Decir que ahora hay una intencionalidad de arrasar, no es correcto. Nadie va a tomar una decisión ni nadie puede mantener el equilibrio en un lugar tan hermoso como el (Cabo) Polonio en base a la imposición”, planteó Pereyra.
Diario EL OBSERVADOR - Montevideo - URUGUAY - 16 febrero 2019