Sector agroalimentario europeo pide más claridad en la normativa contra la deforestación importada.
Se teme por el aumento de los costos.El sector agroalimentario europeo reclama más claridad en la aplicación de la normativa contra la deforestación importada y ciertas exenciones en el futuro impuesto en frontera por carbono por el impacto que puede tener en su producción.
La secretaria general del Comité Europeo para el Comercio Agrícola y Agroalimentario (Celcaa), Nelli Hajdu, afirma a EFE que “la simplicidad y la viabilidad de su implementación son objetivos clave para garantizar que estas regulaciones se pueden ejecutar y no ponen en peligro las relaciones comerciales y la resiliencia a largo plazo de las cadenas de suministro”.
Esta asociación que representa a los comerciantes de productos agrícolas en la Unión Europea (UE), a menudo pequeñas y medianas empresas, se unió en marzo pasado a más de 20 organizaciones del sector agroalimentario para exigir a la Comisión Europea y los países de la UE aclaraciones y soluciones viables para la aplicación del reglamento europeo contra la deforestación.
En una carta, pedían un sistema de información “plenamente operativo”, la conexión con los sistemas de trazabilidad actuales, medidas de protección de datos y más claridad en las normas específicas para la ganadería, con vistas a “resolver cuanto antes la incertidumbre legal”.
En junio de 2023 entró en vigor la ley comunitaria para evitar que las importaciones en la UE de ciertas materias primas y productos derivados como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate causen la deforestación en terceros países, con un periodo de 18 meses (hasta diciembre próximo) de margen a los operadores para prepararse.
Las empresas que importen estas materias y productos derivados en la UE tendrán que rastrear su origen y emitir una declaración de diligencia debida que garantice que no han causado deforestación en sus lugares de origen en comparación con 2020.
La secretaria general de Celcaa considera que este reglamento “ha servido en cierto modo como modelo para que los comerciantes de productos agroalimentarios comprendan mejor el papel que desempeñan en la implementación de nuevos requisitos ambientales”.
LA AMENAZA DE LOS COSTOS.
La norma, junto a otras como el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el reglamento sobre trabajo forzoso, la directiva sobre informes de sostenibilidad empresarial y la de diligencia debida en esta misma materia, aumenta la carga administrativa y de costos para estas empresas, según Hadju.
En su opinión, resulta un “desafío” porque las cadenas de suministro agroalimentario son “altamente complejas”, con muchos niveles comerciales locales, regionales e internacionales diferentes, miles de pequeños agricultores y productores en los orígenes en algunos casos, además de clientes.
La responsable reconoce que el comercio juega un importante papel en mitigar los efectos del cambio climático en la producción agroalimentaria y, para ayudar en la transición, ve la necesidad de contar con infraestructura resistente al clima, acelerar la digitalización y mejorar el uso del agua y el acceso al mercado.
Respecto al mecanismo de ajuste en frontera por carbono, los comerciantes agroalimentarios también temen un incremento de costos para los productos en la UE, desventajas competitivas frente a terceros países, posibles ajustes en la cadena de suministro y potenciales disputas comerciales.
Este mecanismo, que por otro lado puede incentivar la innovación y la adopción de prácticas más sostenibles, requiere un sistema administrativo complejo para medir y verificar de forma precisa el contenido de carbono de los productos importados, según Celcaa.
EN VIGOR EN 2026.
Actualmente solo se está aplicando a las importaciones de fertilizantes y materiales como el aluminio, dentro de una fase de transición que durará hasta enero de 2026, cuando entre en vigor.
El Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca) advierte de un aumento de los costos de insumos y maquinaria, sin que los agricultores tengan capacidad para repercutirlos en la cadena alimentaria.
“En el mercado europeo la producción nacional debe competir con las importaciones más baratas y nuestras exportaciones serán menos competitivas”, señala la organización, que pide incluir a toda la cadena alimentaria en el mecanismo o excluir los fertilizantes.
Fuente EuroEFE – Euractiv